lunes, 28 de febrero de 2011

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La encrucijada del TLC con Europa
Aunque hay voces en el Parlamento que solicitan que no se apruebe, un documento reciente reconoce los avances que ha tenido Colombia respecto a los derechos humanos.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Perú y la Unión Europea terminaron el 19 de mayo de 2010. Por la estrategia comercial de la comunidad de pactar en bloque y, además, contrarrestar la presencia de norteamericanos en la región, el pacto se inició con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 2003, pero debido a posturas ideológicas, Ecuador, Venezuela y Bolivia se retiraron.

Ahora lo que sigue para Colombia y Perú es esperar la ratificación del texto por parte de los representantes de los 27 países miembros del Parlamento Europeo o

Eurocámara
Más allá de Perú, el caso colombiano se definirá en medio de dos corrientes frente al respeto por los derechos laborales, humanos y de víctima, pues es fuerte la presión que ejercen ONG internacionales para que el acuerdo no se ratifique y por otro lado hay voces que defienden los progresos en esta materia, que hoy sigue siendo utilizada por los demócratas del Congreso de Estados Unidos para no darle el visto bueno al TLC que firmaron Bogotá y Washington en 2006.

En una declaración firmada por diez eurodiputados, en cabeza de Richard Howitt del Partido Laborista británico, se hizo la advertencia de que si no se disminuían las muertes y amenazas a sindicalistas, no habría TLC “porque de aprobarlo en esas circunstancias se estaría en contra de los principios de la UE”.

En sentido diferente conceptuó el Parlamento Europeo el pasado viernes, al explicar que se “reconocen progresos realizados en los diferentes ámbitos de los derechos humanos”. En el documento también se habla de que en esta materia “se está viviendo una nueva etapa tras las elecciones de 2010”, al tiempo que valora que el país “es abierto al escrutinio internacional permanente”.

En la actualidad, el país se beneficia de las preferencias arancelarias del Sistema General de Participaciones (SGP Plus +), aplicada por Europa a países en vía de desarrollo. Para lograrlo se comprometió a fomentar el respeto de las normas laborales y los derechos humanos, pero se puede revocar si se da incumplimiento.
En el texto del TLC, específicamente en el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, se estableció un “acuerdo conceptual” que reafirma los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero el Instituto del Tercer Mundo (Item), con sede en Uruguay, advierte que el nivel de compromisos laborales que la nación asumió es menor al que aceptó con el de Estados Unidos: “no se reconocen los convenios relacionados con salarios, jornada de trabajo, así como el de seguridad y salud”.
De acuerdo con Tom Jenkins, emisor del comité de la European Trade Union Confederation (ETUC), “lo más preocupante es el capítulo de Desarrollo, porque no proporciona una base sólida que garanticen los derechos humanos y sindicales, situación que es indignante”.

Jenkis enfatiza que al abandonar el acuerdo de asociación con la Comunidad Andina, la UE socavó la estrategia lanzada en la Cumbre de Río en 1999, en lo relacionado con el desarrollo de alianzas políticas que fortalecieran los procesos de integración y cohesión social en América Latina.
Stephen Benedict, director del Departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la Confederación Sindical Internacional, considera que “este pacto continuará con un proceso de liberalización económica que no se encamina en un contexto social y político de diálogo social entre los interlocutores sociales y que promueva una agenda de trabajo decente”.

Además de otros temas que, de acuerdo con sindicatos internacionales, afectan la asociación sindical como lo son las cooperativas de trabajo asociado, las huelgas que son declaradas ilegales por el gobierno y la revocación de sindicatos.

A pesar del panorama, Eric Tremolada, experto en comercio internacional y comunitario de la Universidad Externado de Colombia, asegura que sí se ratificará el TLC con la Unión Europea aproximadamente a finales de 2012: “la mayoría de los miembros del órgano son de centro y centro derecha que, si bien exigen el respeto de los derechos humanos, son muy comprensivos con los esfuerzos de Colombia y les gusta la nueva imagen que tiene el actual gobierno comparado con el anterior”.

Acuerdo en temas sensibles
Quizás sean la cohesión social y la contratación pública los puntos más delicados y a los que más se oponen sectores económicos y organizaciones no gubernamentales.
Sobre este particular, desde 2003, países andinos y centroamericanos tienen acuerdos de asociación de diálogo político y cooperación. Con la firma del tratado, se supone, ese diálogo político se reforzará en las cumbres entre la Unión Europea y América Latina.

Desde el punto de vista de Tremolada, “la cohesión social debe ser vista a la manera europea y es como una política de inversión para mejorar la competitividad en las regiones. Todo lo que maneje cohesión social será a través del diálogo político y no mediante el convenio comercial”.
Cabe resaltar la opinión del Ministerio de Minas y Energía de que “a mayores volúmenes de inversión extranjera directa en Colombia se puede afectar el reordenamiento territorial que está viviendo el país”.

Otro de los temas que están sobre el tapete es el de las tierras, pues algunas estimaciones señalan que durante los últimos diez años alrededor de 6 millones de hectáreas fueron expropiadas ilegalmente, a lo que se suma que el 10% de la población colombiana ha sido desplazada. Sobre este tópico, Amnistía Internacional señaló que las regiones con mayor desplazamiento forzado están en zonas ricas en recursos minerales.

A pesar de estas cifras, la comunidad internacional sigue con detenimiento la política de restitución de tierras emprendido por este gobierno, como parte de la ley de víctimas, que pretende devolverles unas 2 millones de hectáreas a sus legítimos dueños.

En lo referente a la contratación pública el debate gira en torno, conforme a la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), “a la corrupción de empresas colombianas y el espacio que éstas perderían al ser tratadas en igualdad de condiciones con empresas europeas, de por sí más competitivas y con mayores insumos tecnológicos”.

La visión del minprotección
Ricardo Echeverri, viceministro de Trabajo, desmiente uno de los puntos que alegan algunas ONG sobre políticas públicas e insiste que el Ministerio no tiene la potestad de revocar el registro de sindicatos: “Solamente por sentencia judicial podemos cancelar la inscripción en el registro sindical”. Además, aclaró que la ley permite declarar como ilegal una huelga cuando se trate de un servicio público; persiga fines distintos de los profesionales o económicos; incumplimiento del procedimiento del arreglo directo; que se efectuare antes de los dos o después de diez días hábiles a la declaratoria de huelga, y que no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. También señaló que la ley es clara en cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, al prohibir que éstas utilicen las figuras de intermediación laboral. El Ministerio de la Protección Social tiene la potestad de sancionar, por la desviación de la actividad socioeconómica, a este tipo de organizaciones. “Hemos impuesto 869 sanciones a cooperativas y precoperativas de trabajo asociado. Las multas ascienden hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Mejor que en 2005
Bernard Guy Ryder, miembro de la delegación de la OIT que estuvo en Colombia del 14 al 18 de febrero, observó que “la violencia y la impunidad siguen siendo muy preocupantes, así como las Cooperativas de Trabajo Asociado.

Se debe incrementar el diálogo colectivo y los pactos sociales”. Sin embargo, dice que hay un notable avance, comparando el informe que presentó la delegación de la OIT que vino al país en 2005. En lo referente al TLC con a UE, aseguró que “la OIT espera que este acuerdo beneficie no sólo lo económico, sino también lo social”.

‘Hay desinformación’
Angelino Garzón, vicepresidente Colombia, considera que este acuerdo reforzaría el trabajo conjunto de la Unión Europea y Colombia en la mejora de la situación de los derechos humanos, laborales y ambientales en el país.
También es enfático en que “hay una desinformación que enloda los avances del Gobierno en derechos humanos: “En el último informe de la comisión de normas de la OIT se reconoce que hay un avance importante en materia de derechos laborales y sindicales y , además, reconoce el progreso en el diálogo social y en la lucha contra la impunidad”.

Fuente: El Espectador.com 20/2/2011

Pautas del Trabajo

1. Realice un analisis crítico del Articulo anterior (Una Hoja)
2. Escoja 10 Conceptos de Comercio Internacional y realice un ejemplo

Yasmin Alexandra Vásquez Súarez

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